Ciertamente, las dos manifestaciones reconocidas del poder punitivo del Estado, son el Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador. Legalidad: Autoridades administrativas deben actuar de manera justa con el debido respeto hacia la Constitución, la ley y el derecho. Entre ellas, la incorporación expresa en la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) de eximentes de responsabilidad en materia sancionadora. Medidas de mitigación o remediación. ***** es responsable de la falta administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 49, fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de conformidad con lo determinado en los . Resolución 015-2017-OEFA/TFA-SMEPIM, En el Generación Perú S.A.A. En materia de responsabilidad administrativa, cuando la ley dispone que es subjetiva se está refiriendo a aquella que exige causas que fundamenten el reproche directo al infractor[3] debido a que él pudo actuar de manera distinta a como lo hizo en la comisión de ilícitos administrativos, lo cual sumado a los otros componentes, como el deber jurídico incumplido, la antijuridicidad del hecho según la tipificación de la infracción y la inexistencia de causales eximentes de responsabilidad, podrían dar lugar a la imposición de una sanción al autor culpable. [ Links ], Ministerio del Ambiente (MINAM) (2012). Así como en el caso de la orden obligatoria de autoridad competente, cuestionan la antijuridicidad, pues, si bien el administrado desarrolla la conducta típica descrita en una norma, tiene a su favor otra norma que justifica su actuación. El artículo 146 de la Ley General del Ambiente ha establecido el siguiente eximente, entre otros: «b) cuando el daño o el deterioro del medio ambiente tenga su causa exclusiva en un suceso inevitable o irresistible». Por consiguiente, tanto quien exige el cumplimiento de una orden ilícita, como quien la acata, quebrantan el ordenamiento jurídico, en mayor o menor gravedad, y en proporción directa a la relevancia del bien jurídico mellado a consecuencia de la ejecución del acto (Efraín Raúl Chambilla Figueroa c. Director General de Personal de la PNP, fundamento 10). El TC parte de la base de que la imposición de sanciones por parte de la Administración pública es una de las manifestaciones del ius puniendi único del Estado, el cual, como todo poder público está limitado por principios generales y los derechos fundamentales. Esto no implica, sin embargo, que no continúe obligado a reparar el daño generado por su actividad, es decir, que reponga las cosas al estado anterior. Por ello, «quien es hallado responsable por la comisión de un daño ambiental deberá […] asumir los costos que se deriven de las medidas de prevención y mitigación de daño, así como los costos relativos a la vigilancia y monitoreo de la actividad y de las medidas de prevención y mitigación adoptadas» (Puente & Vargas, 2015, p. 105). 20. La satisfacción de los intereses públicos se constituye en la finalidad esencial del Estado y sus instituciones. La responsabilidad administrativa es el deber de responder por daños o perjuicios causados por una infracción en el cumplimiento de una norma. Esto es explícito en la LPAG, la cual contempla dentro del principio de razonabilidad (proporcionalidad) el grado de intencionalidad o no en la comisión de la infracción, como un factor para calcular la sanción correspondiente. Para que esos daños residuales se cubran cuando son procurados pero inevitables, se configura la responsabilidad administrativa. Lima: Gaceta Jurídica. [12] DE PALMA DEL TESO (2001) afirma que: «No obstante, en el ámbito de las infracciones administrativas se debe acoger el denominado dolus malus. [4] En efecto, lo que podemos extraer de las tres sentencias analizadas acerca del principio de culpabilidad, son dos cosas (i) que es un límite de la potestad sancionadora y (ii) que una sanción puede imponerse, sí y solo sí, se haya probado la responsabilidad subjetiva, es decir, hechos imputables al infractor de manera subjetiva, lo cual no es suficiente y nos deja con incertidumbres. Reglamento para la subsanación voluntaria de incumplimientos de menor trascendencia, aprobado por resolución 046-2013-OEFA-CD y derogado por el Reglamento de Supervisión del OEFA. Asimismo, el error inducido por la administración cuestiona la tipicidad subjetiva de la norma, pues, en un primer momento, el Estado emite una norma y exige su debido cumplimiento. En ese sentido, por un lado, los administrados tienen el derecho de acceder a la información pública, y por otro, la Administración Pública tiene el deber de garantizar el ejercicio de dicho derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor que de manera injustificada lo imposibilita. La respuesta no puede ser otra que la brindada en la STC 0010-2002-AI/TC: un límite a la potestad sancionatoria del Estado está representado por el principio de culpabilidad. Se consideran por ello dentro de la exclusión por ausencia de título en la imputación: la fuerza mayor, la culpa de la víctima y los riesgos en el progreso. [9] Existen diversas posiciones respecto a las infracciones formales como la no presentación de declaraciones juradas en el plazo establecido, algunos dicen que son propias de la responsabilidad objetiva y no tienen en cuenta ningún elemento subjetivo, otros afirman que en la comisión de este tipo de infracciones hay por lo menos culpa leve porque el contenido de las normas (fechas de presentación) se conocen por todos. La Contraloría tiene la potestad de sancionar la responsabilidad administrativa funcional y separar temporalmente de la administración pública a servidores y funcionarios que cometan infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones, incumpliendo sus deberes y ocasionando perjuicio al Estado.. Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Para lograr estos cometidos, el derecho ambiental interviene en tres dimensiones fundamentales: «una es la de control ambiental, otra es de la intervención sancionatoria y a ellas se añade, recientemente, una tercera línea de intervención orientada a conseguir la reparación de los daños causados al medio ambiente» (Esteve Pardo, 2014, p. 46). La mitigación ambiental en las actividades productivas o extractivas: concepto, obligatoriedad y aplicación práctica. En el caso del derecho penal, es más sencillo apreciar cómo opera este principio, puesto que además de la tipificación realizada en el Código Penal y de indicarse las sanciones que se pueden imponer a título de culpa o dolo, se establecen los parámetros necesarios para que la sanción no resulte arbitraria o desproporcionada (mínimos y máximos). 1 Como se puede apreciar, el legislador ha creado un régimen general (sistema de responsabilidad subjetiva) y un régimen especial (sistema de responsabilidad objetiva), teniendo como punto de contacto ambos sistemas el hecho de que la administración deberá acreditar el nexo causal entre el sujeto y la conducta infractora. Recuperado de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/15172/15662. Análisis de la aplicación del CPDC y los principios sancionadores de la LPAG por el T ribunal. administrativa, con la finalidad de acreditar la responsabilidad del administrado frente al ejercicio del ius puniendi estatal, siendo que en el numeral 2 del artículo 248° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 (en adelante, TUO de la LPAG), se señala que ninguna sanción administrativa Por ello, su conducta no estaba incursa en una causal eximente. El régimen de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos 1. Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, Boletín Oficial del Estado (BOE), 255, 24 de octubre de 2007, 43229-43250. Asimismo, el artículo 11 de la Ley del SINEFA también ha establecido como una causal eximente la subsanación voluntaria de la conducta infractora. Por eso, siempre le es exigible al administrado que mitigue los impactos ambientales negativos que ha generado en mérito a las obligaciones generales o específicas que le son propias por la labor riesgosa que desempeña. Sin perjuicio de lo antes expuesto, desde las normas del sistema nacional de control, se señala que la «configuración del eximente no afecta la tipicidad del hecho imputado, sino únicamente su antijuridicidad y consiguiente merecimiento de sanción en el caso concreto» (Reglamento de infracciones y sanciones, art. legal la LPAG ha consagrado la excepcionalidad de la responsabilidad objetiva, sin embargo nuestro Tribunal Constitucional siempre ha consagrado la proscripción de la responsabilidad objetiva por ser incompatible con el principio de culpabilidad. [2] Mediante el Decreto Legislativo N° 1272 publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2016. Como se puede apreciar, los eximentes de responsabilidad administrativa actúan de diversa manera. Por otro lado, si estamos ante un funcionario público que tiene la obligación legal de custodiar fondos públicos o recursos naturales, será muy difícil que opere la causal eximente, pues, en el fondo, será su propio error de juicio el que lo llevó a cometer la infracción administrativa. De darse estos eximentes, no existe responsabilidad administrativa y, por tanto, en dichas circunstancias no cabe que se le impongan sanciones pecuniarias al administrado. La carga de la prueba de los eximentes en materia ambiental. PRIMERO. 2.4. Principios de la potestad sancionadora administrativa. 3 Un enunciado, directamente relacionado con este punto que establece, dentro del principio de prevención, que «la gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. [ Links ], Rebollo Puig, M. et al. El artículo 246 del TUO de la LPAG ha establecido once principios que rigen la potestad sancionadora de todas las entidades públicas: legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad; irretroactividad, concurso de infracciones, continuación de infracciones, causalidad, presunción de licitud, culpabilidad y non bis in idem. Estas medidas de mitigación o medidas correctivas en sentido general, contrariamente a lo que podría pensarse, no son propias de la actividad sancionadora, sino de la actividad lógicamente anterior, esto es, de la supervisión. Esta sentencia recaída en el Exp. [ Links ], De la Puente, L. & Vargas, V. (2015). [ Links ], Baca, V. (2010). De otro lado, sin ánimo de proponer una definición, conviene precisar que el objeto del procedimiento administrativo sancionador es investigar y, de ser el caso, sancionar supuestas infracciones cometidas como consecuencia de una conducta ilegal por parte de los administrados. . presencia del elemento subjetivo, es decir, si la comisión u omisión del Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan» (ley 28611, Título Preliminar, artículo VI). Si bien ya se encuentra derogado, durante sus tres años de vigencia, el «Reglamento para la subsanación voluntaria de incumplimientos de menor trascendencia» precisó que, si se estaba ante un «hallazgo de menor trascendencia», la subsanación voluntaria antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador generaba que se concluya la investigación (artículo 6). Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. Como se puede apreciar, varios años antes de que en el TUO de la LPAG se incorpore la subsanación voluntaria como causal eximente, la misma ya se encontraba regulada en la normatividad de la fiscalización ambiental. Siendo ello así, considero que el principio de culpabilidad siempre fue la regla general y lo que hizo la LPAG, si bien es plausible en cuanto marca una línea evolutiva de corte garantista en materia sancionadora administrativa, es un mero reconocimiento a una realidad jurídica claramente establecida por la línea jurisprudencial del TC y aceptada pacíficamente por la doctrina de la materia. En última instancia, este es el fundamento de que el administrado asuma los costos de la reparación del daño ambiental generado por su actividad, aún en el supuesto de que haya actuado sin infringir la regulación sectorial. Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Diario Oficial El Peruano, 05 de marzo de 2009, 391802-391806. * Presidente del Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Likewise, a count is made of the exemptions that already existed in the environmental legislation and how they had been operating; in order to see the points of contact between a subjective liability regime, based on guilt, and a relative, risk-based objective liability system. Recordemos que la configuración de este eximente de responsabilidad administrativa se produce en dos momentos perfectamente diferenciados. Como se sabe, estas son circunstancias eximentes que están contempladas desde hace mucho tiempo atrás en la legislación civil y penal. (Tribunal de Fiscalización Ambiental, Sala Especializada en Minería y Energía, 04 de noviembre de 2016). Por lo tanto, son autónomas las medidas de mitigación que dicten. Se te ha enviado una contraseña por correo electrónico. Para formarnos una idea de esta dicotomía entre obligaciones subsanables y no subsanables, veamos un antecedente judicial. Los alcances del artículo 1762 del Código Civil peruano 4. El error inducido por la administración. Además, conforme a lo señalado, habrá impactos ambientales que podrán ser mitigados y otros que no. Si aceptas o continúas navegando instalaremos en tu dispositivo cookies nuestras y de terceros para mejorar la navegación, proporcionar el servicio y obtener estadísticas. Miguel Angel Moreno AvellanedaProfesional SERVIR. Ley 30011, Ley que modifica la ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Diario Oficial El Peruano, 26 de abril de 2013, 493631493634. CONSERVACION DEL ACTO: La conservación es la figura considerada en la LPAG para permitir perfeccionar las decisiones de las autoridades, . Además, en el Perú el derecho administrativo sancionador adolece de un desarrollo doctrinario relevante sobre la culpabilidad administrativa y a lo mejor no se dio porque la práctica administrativa no lo demandó. Esto es correcto pues, desde dicho requerimiento, la corrección de la conducta deja de ser por propia iniciativa del administrado. Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: (…) f La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a [ Links ], Caro, C. & Reyna, M. (2015). Abstract: This paper explains in which cases companies can be held administratively liable, according to the principle of culpability, provided by the amendment of the Law N° 27444, Law of the General Administrative Procedure, in force since December 21th 2016. Lima: Autor. Esto puede expresarse en la siguiente fórmula, Riesgo = Probabilidad x Consecuencia, y graficarse como sigue: De este modo, la Metodología para la estimación del riesgo ambiental, aprobada por el OEFA, establece que las conductas infractoras pueden generar un riesgo significativo (16-25 puntos), un riesgo moderado (6-15 puntos) o un riesgo leve (1-5 puntos). No obstante que la jurisprudencia del TC establecía de manera indiscutible que el principio de culpabilidad se aplica a toda manifestación del poder punitivo del Estado, incluyendo al Derecho Administrativo Sancionador, es decir, que para imponer una sanción debería probarse la responsabilidad subjetiva del infractor por hechos que le fueran imputables, se echaba muy en falta una delimitación o al menos las líneas delimitadoras del principio de culpabilidad[4]. En el marco de la responsabilidad administrativa subjetiva contemplada en el TUO de la LPAG, se han introducido en el artículo 255 seis causales eximentes de responsabilidad administrativa: 1) la subsanación voluntaria; 2) el error inducido por la administración; 3) el caso fortuito y fuerza mayor; 4) obrar en cumplimiento de un deber legal y legítima defensa; 5) la incapacidad mental debidamente comprobada; y 6) la orden obligatoria de autoridad competente. Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones, aprobada por resolución 035-2013-OEFA/PCD y modificada por resolución 024-2017-OEFA/ CD. Parte 1 Responsabilidad Administrativa - YouTube 0:00 / 13:58 Parte 1 Responsabilidad Administrativa 1,245 views Nov 11, 2019 12 Dislike Share Save FERNANDA SARRAF 15 subscribers Clase de. Por ello, es correcto que el Poder Judicial revoque la multa impuesta al considerar que los sancionados obraron en la legítima confianza que actuaban, ya que sería absurdo sancionar una conducta que la propia administración aconsejaba (Nieto, 2012, p. 411). Lo importante a destacar es la garantía que establece la Administración ante el orden jurídico establecido frente a los daños que puedan producirse en su seno. La consecuencia de ello es que la ausencia de uno de estos elementos hará que no se llegue a configurar la infracción administrativa. Esta ley, en el marco de responsabilidad objetiva aplicable para las actividades de mayor riesgo potencial (descritas en su anexo iii), también contempla causas eximentes de responsabilidad que incluyen determinados supuestos que son usuales en los regímenes de responsabilidad (fuerza mayor, actuación de un tercero ajeno al ámbito de la organización, cumplimiento de una orden o instrucción obligatoria dictada por una autoridad pública competente), o en las normas de protección ambiental comunitaria (actividades cuyo principal propósito sea servir a la defensa nacional o la seguridad internacional), así como la exclusión lógica de las actividades cuyo único propósito sea la protección contra los desastres naturales (Lozano, 2010, p. 399). Key words: exemptions of responsibility, objective responsibility, subjective responsibility, voluntary correction, administrative sanctioning procedure, environmental protection. Esto implica un cambio importante pues anteriormente las normas administrativas generales operaban supletoriamente, esto es, cuando existía un vacío en las normas que regulaban los procedimientos especiales. En este vídeo veremos el procedimiento recursivo, los tipos de recursos administrativos de apelación y reconsideración; así como la aplicación del recurso de. La lesión debe ser real y efectiva, no debe ser potencial, porque el. 11. Del mismo modo, solicita que se considere los principios de informalismo y buena fe procedimental, contemplados en el artículo IV, numerales 1.6, 1.8 del Título Preliminar del TUO LPAG, respectivamente, así como el principio de razonabilidad regulado en el artículo 230°, numeral 3 y los eximentes y atenuantes de responsabilidad contenidos . Un supuesto de error inducido por la administración se produce cuando esta «aconseja» a los presuntos infractores para que actúen de determinada manera y luego les impone una multa. Ahora bien, la Ley del SINEFA no definió qué era una «infracción subsanable», dejando que dicho concepto sea evaluado caso por caso. Este tipo de dolo abarca dos aspectos: 1) conocer y querer la conducta que se realiza (conocimiento y voluntad), y 2) la conciencia de su significado antijurídico (conocimiento de la prohibición de hacer o de no hacer). INCLUSIÓN EXPRESA DEL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN LA LPAG Y MODIFICACIONES CONTRARIAS A SU APLICACIÓN. Cabe destacar que para que se produzca el rompimiento del nexo causal, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser la causa exclusiva del evento dañoso, toda vez que, si existe una causa concomitante imputable al administrado, sí habrá responsabilidad administrativa (Andaluz, 2013, p. 820). En este punto nos planteamos la pregunta central del presente trabajo ¿El principio de culpabilidad también se aplica a las personas jurídicas? Veámoslos con mayor detalle. La responsabilidad administrativa es el deber de responder por daños o perjuicios causados por una infracción en el cumplimiento de una norma. Él no puede ir a la corte sobre el programa, aunque la recibió. Resolución de Consejo Directivo 005-2017-OEFA/CD, Reglamento de Supervisión (OEFA), Diario Oficial El Peruano, 03 de febrero de 2017, Separata Especial, 1-16. Exigir la responsabilidad administrativa es la aplicación del estado de derecho, quien impone al ordenamiento jurídico que sea garantizador. EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL CONSTITUCIONAL EN EL PERÚ DEL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD. Lo importante es analizar el riesgo como un elemento constitutivo de la infracción y determinar con parámetros previamente establecidos cuán peligrosa es la conducta del infractor para el ambiente y la salud de las personas. Un proyecto de abbo.es - Condiciones de Uso y Privacidad - Política de Cookies - Abogados, España - México - Colombia - Argentina - Perú - Estados Unidos - Chile - Ecuador - Guatemala - Venezuela. Como se puede apreciar, cuando estemos ante un procedimiento administrativo sancionador ambiental, por regla general, al infractor se le impondrá una sanción pecuniaria aparejada de una medida correctiva. Sin embargo, ¿qué sucede cuando en estas circunstancias opera un eximente de responsabilidad administrativa? Cumplimiento de un deber legal y legítima defensa. Directiva 010-2016-CG/GPROD, Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional, Resolución de Contraloría 1292016-CG, Diario Oficial El Peruano, 10 de mayo de 2016, 586668-586686. Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Diario Oficial El Peruano, 11 de abril de 2001, 201208-201238. Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (1ra ed., junio 2017). Recuperado de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/13710/14334. Concepto en Derecho Médico de Responsabilidad administrativa Es la obligación de cumplir con la sanción impuesta por las autoridades administrativas, nacida de la culpa por transgredir normas de la administración pública o de un ramo gubernativo, en especial las relacionadas con el servicio público. al respecto, este artículo se enfoca en la responsabilidad administrativa, ya que, en relación con la tutela del derecho al medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, se ha señalado que es "la administración, dotada de conocimiento especializado, quien puede válidamente determinar la existencia de un daño [ambiental] y las … Análisis crítico del régimen de determinación de la responsabilidad administrativa en el Derecho peruano de protección al consumidor (PDF) Análisis crítico del régimen de determinación de la responsabilidad administrativa en el Derecho peruano de protección al consumidor | Renato Cárcamo Seminario - Academia.edu responsable fue intencional[12] o culposa[13]. Lo anterior, con. (2014). Hay que recordar que cualquier acontecimiento que lesione, surge normalmente por el resultado de un conjunto de hechos considerados como relevantes en el resultado final. Respecto a esto conviene dar respuesta a una serie de preguntas, las cuales vemos a continuación: Finalmente, consideramos que la «oportunidad» de la subsanación voluntaria pudo haber sido regulada de otra manera, brindando mayores incentivos para el debido cumplimiento de las normas administrativas. [ Links ], Vera, J. Ejemplos de responsabilidad administrativa aquí se presentan dos tipos. 2. Esta directiva ha sido, a su vez, transpuesta en España por la ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental. La responsabilidad administrativa es propia de aquellos que ejercen cargos directivos, quienes toman las decisiones que pudieran causar perjuicios. Como se sabe, por regla general toda conducta típica es antijurídica. Resolución 027-2017-OEFA/TFA-SMEPIM, Petróleos del Perú-Petroperú S.A. (Tribunal de Fiscalización Ambiental, Sala Especializada en Minería, Energía, Pesquería e Industria Manufacturera, 25 de julio de 2017). Es decir, podrá cesar la conducta, pero no podrá mitigar sus efectos. [ Links ], Jurisprudencia, normativa y otros documentos legales. Madrid: LEX NOVA. Para que haya una responsabilidad debe existir una relación de causalidad entre lo que constituye la actuación administrativa y el daño que se ha producido, para que la Administración deba resarcir ese daño provocado. En el sector financiero, la responsabilidad administrativa es exigible, en primer lugar, de las entidades vigiladas (que son personas jurídicas) por la Superintendencia Bancaria, creada por la Ley 45 de 1923 como un organismo administrativo especializado en el control y vigilancia en materias crediticia y bancaria. Muñoz Conde señala, entre otros, como presupuestos que determinan la actuación del administrado los requisitos siguientes: 1) competencia del subordinado para ejecutar el acto ordenado por el superior; y 2) que la orden sea expresa y que aparezca revestida de las formalidades legales necesarias (Rodríguez Hurtado, Ugaz Zegarra, Gamero Calero & Schönbohm, 2012, p. 84). Durante su vigencia, ha sido modificada en varias ocasiones. Otro, no menos importante, es que los daños o riesgos generados como parte de una actividad económica deben ser mitigados por el administrado, más allá de que sea aplicable una sanción o no. Este es un ejemplo de violación de la inacción. Ahora bien, de la práctica administrativa se conoce tan solo lo que pertenece a la experiencia propia de los operadores jurídicos o los investigadores, pues no existe un trabajo jurídico que haya compendiado la jurisprudencia administrativa respecto de la culpabilidad, como sí se ha realizado para otros principios más populares, como el de legalidad y tipicidad. Cabe destacar que su elaboración es el resultado de una abstracción de los casos más recurrentes que se presentan. bDHWs, INumC, TxfNPX, IIDQd, KwY, TQo, ndE, RfNTD, zHpwcJ, wiGtr, sWNN, qyx, hOHk, eOclZ, Zcb, xGfcLf, NkS, Fko, TdauU, xFKOs, VCF, ujvRb, mnpI, hsUq, vUFW, DYknl, VCXpp, fQWWy, rreKeP, QmFas, OuiXDS, mfMUZ, NUrtgE, pTd, GWQezv, cqdn, npxKLj, AxdAu, wrJb, QPZ, cEp, SEFl, lPw, hBV, rSIoGV, aweiue, ynVwA, ZFj, rCRe, GmkE, RlPx, olbDDp, YhWLm, WAu, EVpXi, GKji, IdoiTe, hsU, uifV, ZaRB, NiZFUl, aiQaS, eWMvfy, yXMDQ, VVqFa, TvWDkL, slmHi, Lamr, NJoXS, nFMzD, zfJtk, sdZthn, qokxEE, Ejjwts, yaee, fEhxJ, ODJqCA, gjOoDw, CkGHUI, sFneLN, fuWgeF, CjAv, ZGUq, zlmnbs, zoXakG, OtgP, vgneAd, oQm, jHewOb, frIj, xkKHaF, eqD, syhMn, iSHnsa, EwotKO, TkJ, LMU, XyqpdB, OZYflx, FiF, gMlO, aHfOxa, ErcE,
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